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Tenencia de Estupefacientes - Abogados Penalistas en Mar del Plata

Corresponde modificar parcialmente la sentencia, haciendo lugar al pedido de la actora, quien solicita que se le reduzca el valor económico de la caución real para poder abandonar la prisión, en tanto que la mujer cobra una pensión no contributiva por una discapacidad de nacimiento, que no le permite realizar otras actividades, por lo que debido a su mala situación económica y a la falta de antecedentes se dispone una reducción de la caución real a la mitad de lo que se había pactado. 

Cámara Federal de Apelaciones de Rosario - Sala B
Rosario, 13 de Enero de 2017.-

Visto en Acuerdo del Tribunal de Feria, el expediente Nº FRO 14556/2016/1/CA1, caratulado “Incidente de Excarcelación en autos Bazán, María Elisabeth por Infracción Ley 23.737” (del Juzgado Federal Nº 3, Secretaría “A” de la ciudad de Rosario), del que resulta que: Por presentación agregada a fs. 79, el Defensor Público Oficial Dr. Enrique Comellas solicitó la habilitación de feria en los presentes, petición a la que se hizo lugar por providencia de fecha 04/01/17 ordenándose asimismo la reiteración de la medida pendiente de diligenciar por el juzgado de origen. Tras haberse dado cumplimiento a la solicitud cursada (fs. 83), debemos pronunciarnos sobre los recursos de apelación interpuestos por el Defensor Público Oficial, a cargo de la defensa técnica de María Elizabeth Bazán (fs. 23/25 vta.) y por el representante del Ministerio Público Fiscal (fs. 33/35), contra la resolución de fecha 22/06/2016 (fs. 19/21), mediante la cual, se ordenó conceder la excarcelación solicitada a favor de María Elizabeth Bazán, bajo caución real de ocho mil pesos. Sendos recursos fueron concedidos a fs. 27 y 36, respectivamente. Recibidos los autos nuevamente en la Alzada (fs. 83), quedaron en estado de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO:

1º) La defensa cuestiona el monto de la caución real fijada en el auto apelado. Cita jurisprudencia respecto a que ésta debe establecerse atendiendo no sólo a su finalidad, sino a la situación económica de la encausada. Refiere que su defendida cobra una pensión no contributiva de la Provincia de Santa Fe, atento a que posee una discapacidad desde su nacimiento –cuadriplejia espástica-, afección que le impide moverse por sus propios medios, teniendo que estar en una silla de ruedas y necesitando asistencia permanente para realizar todas sus tareas cotidianas diarias, tales como su aseo personal, comida, etc. Enfatiza que su asistida sólo cuenta con los recursos económicos con los que meramente puede sustentar sus necesidades diarias. Considera que al no encontrarse probada la existencia de riesgo procesal, el monto de la caución real impuesto resulta excesivo. Formula reserva del Caso Federal.

2º) Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal, se agravia de la concesión de la excarcelación a favor de la imputada. Refiere a la gravedad del delito, a la falta de verificación fehaciente de la ocupación de la procesada (bienes, medios de vida, domicilio, núcleo familiar) como para determinar su arraigo. Puntualiza sobre el mal concepto vecinal que se desprende del informe ambiental obrante en el presente incidente. Dice que aún faltan peritar los aparatos de telefonía celular secuestrados, de cuya pericia podrían surgir nuevas líneas de pesquisa a seguir, las que con la libertad de la encartada podrían llegar a frustrarse. Reserva derechos.

3°) En primer término, cabe recordar que para el tratamiento del caso se aplicarán los criterios fijados por la Cámara Nacional de Casación Penal en el Acuerdo Plenario N° 13 del 30 de octubre de 2008 –“Díaz Bessone”-, cuyo acatamiento es obligatorio por aplicación del Art. 10 de la Ley 24.050. La citada doctrina impone que para decidir una excarcelación no basta la consideración de las previsiones de los Arts. 316 y 317 del CPPN referidas a los márgenes de pena establecidos para cada delito, sino que deben valorarse en forma conjunta los parámetros establecidos en el Art. 319 del ordenamiento ritual, a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal. Es dable reseñar que el riesgo procesal no puede examinarse con márgenes de certeza sino de probabilidad pues, obviamente, lo que aquí se evalúa es la eventualidad fundada de que el cautelado se fugue o entorpezca la investigación. A estos fines no sólo deben evaluarse las condiciones personales del imputado ligadas a su situación social -domicilio y trabajo estables, edad, existencia de vínculos familiares- sino también los otros extremos objetivos que en cada caso contemplen la gravedad del hecho y la valoración provisional de sus características (Arts. 316 y 319 CPPN.), los que deben ser apreciados en su conjunto.

4°) En el caso, se impone contemplar que se ha dictado el procesamiento de María Elisabeth Bazán, en orden al delito previsto y penado en el Art. 5º, inc. c) de la Ley 23.737, en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (fs. 83/85 del expte. principal), que se encuentra apelado en trámite ante esta alzada. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que la provisional valoración de las características del hecho atribuido a la imputada indica que se trata de la imputación de un hecho grave.

5°) En relación a las condiciones personales de la nombrada, resulta dable señalar, que conforme surge del informe emanado del Registro Nacional de Reincidencia, ésta no tiene antecedentes penales de condena (fs. 4/5 del legajo de personalidad de la imputada). Cabe contemplar, que el domicilio de Bazán fue constatado por la preventora, finca donde residiría con su pareja (fs. 7 del legajo mencionado).

Se desprende también del informe ambiental referido, que la procesada obtendría una renta por una pieza que se encuentra en la parte trasera de su inmueble (fs. 7 y vta.). Y según lo argumentó su defensa, ésta cobraría una pensión no contributiva por incapacidad de la Provincia de Santa Fe (fs. 24 y vta.), por lo que este Tribunal encomienda al Juzgado de origen que solicite que se acompañe su constancia (en tanto se ha acreditado la incapacidad que padece la encartada, ver fs. 1/8 y 55/56). Respecto al mal concepto vecinal alegado por el recurrente, se advierte que el segundo vecino entrevistado dijo no tener ningún inconveniente con la persona y que nunca fue molestado (ver fs. 7 vta.). Por tanto, se encuentra suficientemente acreditado en este estado que la encartada poseería arraigo domiciliario y familiar. Así pues, esta Alzada entiende que, a los fines de resolver el presente, resultan relevantes las circunstancias objetivas anteriormente señaladas. Por otra parte, es menester considerar, que la imputada se encuentra sujeta a un régimen de restricciones y obligaciones en los términos del Art. 324 del CPPN (cuestión que a continuación se evaluará el monto dispuesto), habiéndosele impuesto la comparecencia bimestral a la Comisaría correspondiente a su domicilio cada 30 días y la prohibición de salida del territorio nacional, con la debida notificación a las fuerzas de seguridad pertinentes (fs. 20 vta. in fine y 21). En atención a lo expuesto deberá rechazarse el recurso del Ministerio Público Fiscal.

6º) En lo que respecta al agravio esgrimido por la defensa en torno a la caución real fijada por el a-quo ($ 8.000), es dable recordar que en la selección de la caución más apropiada, el juez debe realizar un pronóstico de cuál será la probable conducta que tendrá el imputado, conforme las pautas que fija el Art. 320 del CPPN y en particular el Art. 324 del mismo cuerpo legal, que en su tercer párrafo establece que deben tenerse en cuenta las circunstancias del caso y la naturaleza económica del delito. En el caso en estudio corresponde atender no sólo a la gravedad de la amenaza penal en abstracto –que, como ya se dijo, haría improcedente la condena condicional-, sino también a las demás circunstancias que rodearon al hecho y a la situación personal de Bazán (conf. Art. 320 in fine del CPPN). En este lineamiento, corresponde contemplar las condiciones personales de la procesada, ligadas a su situación social, las que ya fueron evaluadas en el presente (ver Considerando anterior).

Atendiendo a lo expuesto, este Tribunal considera que la caución real de ocho mil pesos ($ 8.000) luce excesiva, por lo que, corresponde receptar lo argumentado por la defensa apelante respecto a que tal imposición impide que Bazán recupere su libertad, dado que no puede reunir la cifra fijada en el auto apelado. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, consideramos que corresponde admitir la petición subsidiaria de la recurrente, a efectos de facilitar la cobertura de la condición de la soltura, y reducir la caución real impuesta por el juez de primera instancia a la cifra de $ 4.000 (cuatro mil pesos).

7º) Por todo lo expuesto, corresponde rechazar los agravios del Ministerio Público Fiscal y confirmar parcialmente el auto recurrido, modificándolo en cuanto a la caución real fijada, quedando ésta reducida a la suma de cuatro mil pesos ($ 4.000). En su mérito, SE RESUELVE: Confirmar parcialmente la resolución de fecha 22/06/2016, en cuanto fue materia de recurso, reduciendo el monto de la caución real fijada a la imputada María Elizabeth Bazán a la suma de cuatro mil pesos ($ 4.000), con la indicación dispuesta en el Considerando 5º) del presente. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada Nº 15/13 de la C.S.J.N. y oportunamente, devuélvanse los autos al Juzgado de origen. (Expte. Nº FRO 14556/2016/1/CA1).-

Edgardo Bello - Elida isabel Vidal - Veronica Villatte (Secretaria)



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